Pregunta : Santidad, entre los muchos males que atormentan a África, existe en particular el de la difusión del Sida. La postura de la Iglesia católica sobre el modo de luchar contra [la infección] se considera con frecuencia no realista y no eficaz. ¿Afrontará usted este tema durante el viaje?

Papa : Yo diría lo contrario: pienso que la realidad más eficaz, más presente en el frente de la lucha contra el Sida, es precisamente la Iglesia católica con sus movimientos, con sus diversas realidades. Pienso en la Comunidad de San Egidio que hace tanto, visible e invisiblemente, en la lucha contra el Sida; en los Camilianos, en todas las religiosas que están a disposición de los enfermos... Diría que no se puede superar este problema del Sida sólo con eslóganes publicitarios. Si no existe el alma, si los africanos no se ayudan, no se puede resolver el flagelo con la distribución de profilácticos: al contrario, el riesgo es que aumente el problema. La solución puede encontrarse sólo en un doble compromiso: el primero, una humanización de la sexualidad, esto es, una renovación espiritual y humana que lleve consigo un nuevo modo de comportarse el uno con el otro; y segundo, una verdadera amistad también y sobre todo para las personas que sufren, la disponibilidad, incluso con sacrificios, con renuncias personales, a estar con los que sufren. Y estos son los factores que ayudan y que traen progresos visibles. Por ello diría esta doble fuerza nuestra de renovar al hombre interiormente, de dar fortaleza espiritual y humana para un comportamiento justo respecto al propio cuerpo y al del otro, y esta capacidad de sufrir con los que sufren, de permanecer presente en las situaciones de prueba. Me parece que ésta es la respuesta justa, y es lo que la Iglesia hace y así ofrece una contribución grandísima e importante. Damos las gracias a cuantos lo hacen.

Minas antipersona



Las minas antipersonas o minas antipersonal son un tipo de mina terrestre. Están diseñadas para matar o incapacitar a sus víctimas. Se utilizan para colapsar los servicios médicos enemigos, degradar la moral de sus tropas, y dañar vehículos no blindados. Por ello, se busca sobre todo que hieran gravemente o mutilen, y no tanto que maten, ya que un muerto no causa tantos problemas como un herido. Así, sus efectos más comunes son amputaciones, mutilaciones genitales, lesiones musculares y en órganos internos, quemaduras...
Se calcula que hay más de 110 millones de minas repartidas en más de 64 países (la mayoría en África). Cada año más de 26.000 personas mueren o sufren traumáticas mutilaciones debido a las explosiones de estas armas que no distinguen entre combatientes y población civil. Pueden permanecer activas durante más de 50 años después del fin de un conflicto. Frecuentemente no se señalizan las zonas minadas, ya que son lanzadas arbitrariamente desde aviones o desde lanzadoras sin ningún control sobre la zona en que caen. Tampoco se elaboran mapas de minas, cosa que provoca, como ocurrió en Bosnia-Herzegovina, que muchas veces los soldados en plena retirada ante una contraofensiva del contrincante fueran víctimas de las minas que ellos mismos habían colocado previamente.

Costes
Colocar una mina puede costar 1,8 euros, pero desactivarla puede llegar a mucho más: hasta 718 euros. Frecuentemente son las mismas empresas productoras de minas las que proporcionan servicios de desminado, en un ejercicio de negocio ya que están diseñadas para mutilar, más que para matar. Este aspecto es destacado frecuentemente en la publicidad de algunos fabricantes: "es mejor mutilar al enemigo que matarlo, ya que una persona minusválida supone un coste económico, social y moral mucho más duro que el de una persona muerta".

Países minadores y minados
Los principales países productores, que forman un arsenal de entre 180 y 185 millones de minas, son los Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Pakistán, Sudáfrica, Corea del Norte, Corea del Sur, Nepal, India, Pakistán, Singapur y Vietnam.
Los países más afectados por esta plaga son Camboya (10 millones de minas; uno de cada 236 ciudadanos está mutilado), Angola (9 millones de minas; uno de cada 470 habitantes está mutilado) Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador (aunque en este país están totalmente erradicadas), Nicaragua, Chile (en la frontera con Bolivia), Colombia, Perú (en la frontera con Chile y Ecuador), Sudán, Mozambique, Somalia e Iraq.

Movilización antiminas
En febrero de 1997 los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados aprobaron unánimemente una Proposición No de Ley instando al Gobierno a remitir a la Cámara un proyecto para regular la prohibición total de las minas antipersona, bombas de racimo y armas de efecto similar. Un proyecto que debería conllevar la prohibición de la fabricación, el comercio, el uso y la exportación de las minas y también la destrucción de las existencias de este armamento.
Finalmente, en diciembre del mismo año un centenar de Estados de todo el mundo firmaron el Tratado de Ottawa, un texto definitivo para la prohibición total de las minas. España, aunque reticente al principio, también lo suscribió. La campaña internacional (ICBL) obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1997. A día de hoy el Tratado ha sido ratificado por 144 estados. Se dice que los estados parte en la Convención de Ottawa ya han destruido 37 millones de ellas. La reciente adhesión a la Convención de Afganistán y Angola -dos de los países más infectados de minas- ha sido especialmente bien acogida.
En noviembre de 2004 140 países se reunieron en Nairobi por un “Mundo libre de minas” para evaluar los logros conseguidos y revisar los puntos pendientes. Este encuentro se llevó a cabo en el séptimo aniversario de la aprobación del Tratado de Ottawa y cinco años después de su entrada en vigor y finalizó con el compromiso de la adopción de un Plan de Acción para los próximos cinco años que acelere la destrucción de minas y garantice el desminado de las zonas afectadas así como la asistencia de las víctimas.
La eliminación de las 820.000 minas antipersona almacenadas por el ejército español comenzó el 27 de julio de 1998 y se completó un año después. De esta forma, dicho país daba un paso más para el cumplimiento del Tratado de Ottawa.
Las ONG españolas centran ahora su trabajo en velar para que el gobierno español contribuya a la asistencia de las víctimas y al desminado de los países afectados. A nivel internacional hay todavía muchos países que no han firmado el Tratado de Ottawa: es, como decíamos, el caso de los Estados Unidos, Rusia, China o Pakistán, por citar algunos, todos ellos destacados productores de minas.
Por este motivo, la campaña por la eliminación de las minas sigue luchando para conseguir que más estados suscriban el Tratado de Ottawa y para que los que ya lo han firmado actúen con firmeza en el proceso de destrucción y de prohibición de las minas antipersona. Desde el Tratado de Ottawa la utilización de estos artefactos ha disminuido notablemente, en 1999 eran quince los gobiernos que las utilizaban y en el 2003-2004 esta cifra ha disminuido a cuatro.
Pero a pesar de este avance, no se debe olvidar el grave problema que conlleva para las víctimas normalizar su vida y es aquí donde no se está avanzando lo suficiente. Lo mismo ocurre con la desminación de las zonas afectadas en las que los fondos para atención a las víctimas y la limpieza de minas está descendiendo. Los estados que ya han adoptado la Convención tiene una fecha clave en el horizonte: a más tardar a finales de 2009, la mayoría de los estados tiene que haber destruido sus reservas de minas antipersona y limpiado las zonas minadas de su territorio.

La doctrina social es la parte del magisterio de la Iglesia que se ocupa de enseñar el comportamiento correcto de los hombres en su vida social. Aplica las enseñanzas de Jesucristo a la vida en sociedad, siempre con el fin de buscar la salvación de las almas.
La meta final es la salvación de las almas. Pero el fin inmediato de la doctrina social es proponer principios y valores que contribuyan a crear una sociedad digna del hombre, aplicando las enseñanzas de Jesucristo.
La Iglesia elabora sus doctrina social apoyándose en cuatro principios básicos: la dignidad de la persona humana, el bien común, la subsidiaridad y la solidaridad. Los comentamos a continuación.
El ser humano posee gran dignidad por ser imagen divina y criatura especialmente armada por Dios. Esta categoría singular es el fundamento principal para el trato adecuado entre los hombres. Este principio incluye el derecho a la vida (aborto, embrión) y a la libertad religiosa; la defensa del matrimonio y la familia.
El bien común es el bien de todos los hombres y de cada uno, incluyendo los aspectos espirituales. El bien común abarca dos grandes principios:
El Creador dispuso el mundo para todos los hombres. Esto no quiere decir que uno pueda tomar lo que desee, sino que al regular las relaciones humanas debe tenerse en cuenta el desarrollo y beneficio de los demás.
Es necesaria para la autonomía y libertad propias. Este principio está subordinado al anterior, de modo que los bienes se empleen también en beneficio de los demás, con cuidado especial hacia los pobres. Esta protección no consiste simplemente en darles dinero, sino sobre todo en facilitarles la formación y los medios necesarios para salir de su pobreza.

Según este principio, las sociedades de orden superior deben adoptar una postura de ayuda y promoción respecto a las menores, facilitando sus iniciativas correctas. En casos especiales puede suplirlas durante un tiempo breve. Una consecuencia de la subsidiaridad es -por parte de los ciudadanos- el deber de participar en la vida social.
La solidaridad o caridad social expresa una idea de unidad, cohesión, colaboración. Es la determinación firme y perseverante de comprometerse por el bien común. Estamos ante un hábito o virtud, ante una decisión estable de colaborar con los demás. Con todos los hombres, pues realmente hay vinculación con todos, aunque uno no se sienta unido a algunos. La solidaridad como parte de la caridad engloba a los demás principios.
Para la vida social, hay cuatro grandes bienes que conviene ejercitar, pues están muy ligados a la dignidad de la persona humana.
La verdad.- Conviene resolver las situaciones buscando el bien verdadero, con independencia del propio interés. Así se evitan muchas tiranías. Este tema afecta mucho a los medios de comunicación y a los fraudes económicos.
La libertad.- En el ámbito religioso, cultural, político, etc. Siempre dentro del bien común y del orden público. Sin olvidarse del bien verdadero y de la responsabilidad correspondiente, pues se trata de elegir el bien, no el mal -líbranos del mal-.
La justicia.- Es el hábito de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. Ante todo, es importante reconocer la dignidad de los demás, con independencia de lo que posean o de la utilidad que proporcionen. La justicia debe basarse en la ley natural y conviene que sea mejorada por la caridad y la solidaridad.
La caridad.- El amor al prójimo es el criterio supremo de la ética social. Si hay caridad, habrá verdad, justicia, libertad, etc. La caridad se ejercita principalmente con el espíritu de servicio a los demás, buscando su bien sobre todo de sus almas.
La mejora interior de uno mismo incluye el desarrollo de las cualidades sociales, y este cambio propio es la base firme de la renovación social.
Como ejemplo, apliquemos estos principios y valores al campo tan importante de la cultura.
La dignidad humana, la libertad y el destino universal de los bienes reclaman que la cultura y la educación sean accesibles a todos. En consecuencia, debe haber acceso libre a los medios de comunicación, libertad de investigación, derecho de los padres a elegir escuela, etc.
La verdad y el bien común en su aspecto espiritual invitan a que la cultura esté abierta a la verdad y a la dimensión religiosa. Tengamos en cuenta que la religión fundamenta la moral, y la moral es el centro de la cultura.
La solidaridad y la verdad deben influir en los medios de comunicación cultural.
La subsidiaridad propone que el Estado ayude a las iniciativas educativas y culturales.
¿Es misión de la Iglesia resolver problemas sociales? No, no. Esta es misión general de los hombres, y en particular de los gobernantes que tienen el dinero y redactan las leyes. A ellos compete conseguir una distribución justa de los bienes. De todos modos, la Iglesia resuelve muchos problemas sociales por caridad. Pero no es su misión: Cristo no vino a la tierra para resolver dificultades económicas. En cambio, es tarea de la Iglesia establecer principios y orientaciones que señalen caminos posibles y erróneos, teniendo en cuenta la ley natural y las enseñanzas de Jesucristo.